Bienvenido al primer Blog sobre Economía Forense en Español

Blog: www.economiaforense.org
Contacto: José Antonio Avellaneda

Bienvenido a este proyecto de Blog que pretende desarrollar conceptos relacionados con la prueba pericial contable y económica en un intento de acercarlos al profesionales que los tiene que utilizar pero tiene una formación específica distinta. También es un cuaderno de bitácora sobre economía para no economistas y auditoría para no auditores.

¿Qué significa economía forense?

NOTA: Pásate por El Nanoeconomista y encontraras otras cuestiones interesantes relacionadas con la economía.

miércoles, 16 de junio de 2010

Breve reflexión sobre la Ley Concursal

domingo, 18 de abril de 2010

Índice de Angustia de la Economía española


Hace unas semanas que vengo recopilando datos para elaborar un Distress Index o índice de estrés de la economía española al igual que hace la Foundation for Economic Education (FEE) para EEUU.

El resultado está colgado en www.elnanoeconomista.com

lunes, 29 de marzo de 2010

Un año desde la reforma concursal


La semana pasada vi en TVE que los juzgados mercantiles de Barcelona habían decidido, para agilizar el trabajo, facilitar la solicitud de Concursos de Acreedores mediante la presentación de una simple instancia (primera gran novedad) en la que únicamente se tendrían que rellenar unos pocos datos básicos. Me parece entender que, una vez presentado este papel se asignaría al juzgado que por reparto le tocase y luego, ya desde el propio juzgado, se requería al solicitante para que aportase en formato digital (segunda gran novedad) toda la documentación que obliga la ley.

De este modo, según manifestó uno de los jueces promotores, se agilizaba enormemente el reparto de la documentación a todas los intervinientes y (tercera gran novedad) se aprovechaba mejor el espacio físico del juzgado.

Iniciativas pioneras como éstas me parecen muy positivas. Cuando ves el funcionamiento de nuestros juzgados todavía tienes la sensación de que han evolucionado muy poco en los últimos – digamos – cien años, al menos en comparación con lo que lo ha hecho la sociedad.

En una ocasión escuché al popular juez de menores Don Emilio Calatayud, “No estaremos más informatizados porque nos pongan más ordenadores… estaremos informatizados cuando trabajemos con sistemas informáticos comos los que tiene Hacienda”. Ahí le doy la razón.

El año pasado, por estas fechas, se reformaba de forma un tanto apresurada la Ley Concursal. La reforma nacía con plomo en las alas porque uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno para sacarla adelante fue el de comprometerse a presentar una nueva reforma integral durante el presente 2010 y con la que está trabajando la Comisión de Codificación desde el mismo momento en el que la reforma del año pasado veía la luz.

Un año después, tras los casi seis mil concursos del año pasado y otros tantos que se prevén para el actual, puede ser un buen momento para reflexionar echando la vista atrás.

De todas las reformas introducidas una de las más importantes fue la del artículo 5.3, en el sentido de que se abría como una especie de prórroga – una suspensión – del plazo obligatorio para solicitar el concurso (tres meses más uno). Este plazo debe ser aprovechado por el deudor para negociar con sus principales acreedores una propuesta de convenio porque, ya se sabe, muchas veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito.

De este modo, se han facilitado los acuerdos entre deudor,  acreedor y entidades financieras, permitiendo que algunas empresas pudieran afrontar la insolvencia con ciertas garantías o, directamente, ir al concurso con todo resuelto de antemano.

Gracias a la reforma también es más barato el proceso mediante la gratuidad de las publicaciones obligatorias y la reducción de tres a un solo administrador concursal en los procedimientos en los que se estima que la cifra de pasivo (deudas) sea inferior a diez millones de euros (más del noventa por ciento de los casos).

Finalmente, también puede considerase positiva – aunque hay más división de opiniones – la mayor seguridad jurídica aportada a las operaciones de refinanciación. Algo que ha permitido a las entidades financieras, más reticentes hasta esa fecha, apoyar a sus clientes en dificultades. En cualquier caso, las refinanciaciones no han dejado de ser una medida de apoyo a las grandes empresas, bancos y cajas de ahorro puesto que es una figura compleja y muy poco utilizada por las pymes.

Como administrador concursal, echo de menos uno de los aspectos de la reforma que parecía iban a paliar nuestra retribución en los concursos sin masa o con un patrimonio insuficiente (los “concursos ni-ni”: ni activos, ni tesorería). En principio se iba a crear una cuenta de garantía arancelaria que se iba a ir nutriendo de las aportaciones de los administradores que sí cobraban por sus concursos.

Como ciudadano, echo de menos la creación de un procedimiento superabreviado, y enfocado al sobreendeudamiento de las familias, que permita a estas afrontar la insolvencia con instrumentos adaptados a sus características y no con unas figuras pensadas para empresas.

Como empresario, echo de menos la forma en la que se pudiera encajar la entrada de dinero fresco (“fresh money”) a una empresa en concurso. Una empresa cuando entra en concurso queda a su suerte y ya no encuentra ningún grifo abierto que le aporte financiación. Dotar de un privilegio especial, de un superprivilegio por encima incluso de los previstos para determinados acreedores, facilitaría que la sangre necesaria llegara en cuantía suficiente para seguir viviendo.

viernes, 4 de diciembre de 2009

Tsunami concusal

Aunque lo correcto sería usar el término castellano/español “maremoto” a mí me gusta más utilizar “tsunami”, del japonés “tsu” (bahía) y “nami” (ola), porque parece que te pone más en situación.

Yo creo que, a estas alturas, todos sabemos que es un tsunami desde que los informativos nos estremecieran, hará unos cinco años, con lo que estaba sucediendo en el océano Índico:
Un terremoto submarino, con epicentro en las costas de Sumatra e Indonesia, iniciaba una serie de maremotos, con una magnitud por encima de nueve en la escala de Richter, que devastaban las costas del sur de Asia. Se estima que murieron en torno a 250.000 personas.

La verdad es que cuesta imaginar que algo que sucede a cientos de kilómetros de la costa, y a miles de metros de profundidad, pueda producir unos efectos tan destructivos. En cualquier caso hoy no toca hablar de los tsunamis de verdad, sino de los figurados.

Aquí tienes una estadística que muestra la “evolución del número de concursos de acreedores” (antigua suspensión de pagos y/o quiebra) desde el 2007.


Cuando en noviembre los medios de comunicación se apresuran a difundir la noticia de que en el tercer trimestre han caído drásticamente las solicitudes de concursos de acreedores me ha sorprendido ¿Estaban bajando los concursos de acreedores? ¿Estábamos realmente ante un “brote verde” o se le está dando pábulo mediante “falsas” buenas noticias?.

Lo cierto es que el hecho me llama la atención y hace que me pregunte: “¿Es posible que la economía estadística esté tan alejada de lo que sucede en la calle?”. En esto - como en todo - lo más importante, casi tanto como la respuesta, era hacerse la pregunta adecuada: ¿Porqué descienden los concursos? ¿Qué puede estar sucediendo para justificar tal descenso? ¿Acaso se trata de un “brote verde” real?

La explicación, como en los tsunamis, puede que la encontremos en algo alejado de la consecuencia, y que sucede en marzo de este mismo año: la aprobación, por el procedimiento de urgencia, del Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de “medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica”.

Dicho precepto, entre otras cosas, modificaba el artículo 5 de la ley concursal que regula el deber de solicitar el concurso. Daba un nuevo sentido a la “propuesta anticipada de convenio” - o acuerdo con los acreedores – en virtud de la cual el deudor, incluso en estado de insolvencia, no estaba obligado a solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en la que hubiera conocido – o debiera haber conocido – su estado de insolvencia, como señalaba primitivamente el citado artículo 5.

Tras la reforma, el deber solicitar el concurso ya no es exigible, en el plazo señalado de dos meses, si el deudor ha “iniciado negociaciones” para llegar a un acuerdo (convenio anticipado) con sus acreedores… y lo pone en conocimiento del juzgado competente. Con posterioridad a esa comunicación, eso sí, el deudor tiene tres meses para negociar una propuesta de acuerdo y, en caso de no llegar a nada, tiene el deber de solicitar el concurso dentro del mes siguiente.

Esto, de facto, pone el contador a cero durante tres meses (más uno) y, lo más importante, crea lo que se conoce en la jerga concursal como un “escudo protector” para que ningún acreedor pueda instar el “concurso necesario” (cuando el concurso no es solicitado voluntariamente por el deudor sino que es un acreedor el que le “obliga” a hacerlo).

Estas dos cuestiones, que podrían estar correlacionadas de forma positiva, una acertada reforma ha hecho disminuir los concursos y aumentar los convenios deudor-acreedor, me temo que en la práctica – al menos es el sentir general en los foros concursales - no está siendo más que una prórroga, sin sentido alguno, a la hora de cumplir de forma responsable con el deber de solicitar el concurso. Retrasando, de este modo, todo el procedimiento durante cuatro meses, o sea… que lo peor está por venir.

Este – me temo - mal llamado “brote verde” no es más que una réplica de lo que sucediera en las costas asiáticas cuando se retiró el mar, dejando al descubierto cientos de metros de fondo marino, algo que hizo a muchos inconscientes aproximarse para contemplar ese asombroso acontecimiento. El resultado... ya lo conocemos: decenas de enormes olas invadieron tierra firma hasta más allá de un kilómetro.

Ahora, concursalmente hablando, esa insólita reducción de los procedimientos - y ojalá me equivoque - esperemos que no sea el preludio de una avalancha de concursos en cadena.

Espero equivocarme - repito - y que todo esto no sea más que fruto de mi imaginación…



miércoles, 30 de septiembre de 2009

viernes, 25 de septiembre de 2009

¿Harto de fracasar?

viernes, 12 de junio de 2009

Salamanca

No es algo que me obsesiones, pero me gusta seguir las visitas del Blog. Para ello, al estar en Blogger, utilizo Google Analitics que es la herramienta que tiene Google para facilitar el seguimiento de los blogs.

Hacía tiempo que no miraba el origen de los visitantes y siempre, como si de la liga de fútbol se tratara, ahí arriba están los visitantes de Barcelona y Madrid. Luego encuentras otras ciudades medianas como Valencia, Sevilla, etc.

Pero hay una cosa que me ha sorprendido...

Y es que desde mediados de enero se visita Economía Forense con asiduidad desde Salamanca, y ha colocado esta plaza detrás de las grandes (Madrid y Barcelona). También he podido ver generalmente las conexiones son de lunes a viernes, y los sábados y domingos desaparecen.

Este se un blog muy modesto, sin ánimo de lucro y sin más pretensión que contar las cosas que se me van ocurriendo relacionadas con el tema central del mismo... por lo que saber que existe gente asidua es de agradecer y sirva este post para enviar mi más sentido agradecimiento: Gracias anónimo/s de Salamanca.

jueves, 11 de junio de 2009

La Comisión Nacional de la Competencia apunta a los Procuradores


No soy abogado pero, debido a mi trabajo, tengo cierta relación indirecta con la figura del Procurador. Por mi experiencia, y más por la de mis compañeros abogados, la figura del Procurador es siempre difícil de explicar al cliente, sobre todo porque es él quien tiene que pagar sus honorarios.

Como señala la noticia, en España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, el representante del cliente en el Juzgado no es el Abogado, como muchos podrían pensar, sino el Procurador. Son muy pocos los asuntos, y de muy poca importancia, a los que el demandante/denunciante puede asistir sin la representación legal de Procuraror@.

Quiero entender que las leyes procesales, y sus estatutos profesionales reservan a dichos profesionales unas atribuciones muy superiores que las que, en muchos casos, se limitan a hacer. También, en cierto modo, lubrican todo el trámite de notificación a las partes en el proceso y, si no existieran estos profesionales, se complicaría enormemente.

La tecnología y la sociedad ha avanzado mucho en temas de comunicaciones y la figura del procurador sigue ahí, en mi opinión, un poco anclada en el pasado.

Muchos clientes, después pagar suculentos "aranceles" (honorarios de los procuradores), en muchos casos ni siquiera llegan a conocerl@, y piensan que su trabajo se ha limitado a ejercer de "mensajero", pero mucho mejor pagado.

Indudablemente, cualquiera que por motivos profesionales tenga que trabajar con procuradores, sabe que su función no se limita a llevar y a traer escritos al abogado y a acompañarle en las vistas. Un buen procurador, sobre todo en una plaza grande es un estupendo aliado, entre otras cosas, por su gran conocimiento de instancias, jueces, abogados y... funcionarios.

En cualquier caso, soy eminentemente práctico y no puedo evitar hacerme la pregunta: ¿Podría asumir el abogado las funciones del procurador? ¿Podría asumirla otro profesional?

Para ser procurador en la actualidad es necesario ser Licenciado en Derecho y estar inscrito en el correspondiente colegio profesional, y es incompatible con cualquier otra actividad.

La CNC ha puesto el punto de mira en la actual normativa reguladora de la actividad de los Procuradores y, aprovechando la nueva regulación de la oficina judicial, se propone introducir modificaciones.

"Según el informe de la CNC, del análisis de la normativa del sector se desprenden diversas restricciones regulatorias que impiden que la actividad de procurador, que actualmente hay 9.240 colegiados en España, se desarrolle en un entorno de libre competencia, radicando los grandes problemas en la obligatoriedad y reserva de actividad para los Procuradores, en la existencia de un sistema de aranceles que no permite la libre fijación de precios, y en la compartimentación territorial del mercado."


La CNC recomienda revisar los procesos en los que se establece la representación procesal obligatoria; suprimir la incompatibilidad de Procurador con otras profesiones afines como la de Abogado o Graduado Social y, por otro lado, permitir que los Abogados puedan asumir la representación procesal de sus clientes; y suprimir la prohibición del ejercicio en más de una demarcación territorial, pasando a consignar un régimen de libre prestación de servicios en todo el Estado.

La noticia también hace referencia a la necesidad de revisar la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de Tribunales, al objeto de analizar si los mayores requisitos de acceso exigidos para el ejercicio de la profesión - entiendo que se podría referir a a ser Licenciado en Derecho - resultan adecuados dentro del nuevo marco de titulaciones universitarias diseñado a raíz del Proceso de Bolonia.

En mi caso particular, que estoy en dos colegios profesionales, en varios registros de los mismos (asesores fiscales y auditores) y en un par de asociaciones profesionales - además del ROAC - pertenezco a un Colegio porque me apetece pertenecer a ese club. Donde hay gente como yo y me dan un valor añadido que compensa el coste de la colegiación (formación, servicio de consultas, información sobre novedades, etc.).

En mi caso no me habilitan para realizar ninguna actividad de modo exclusivo, salvo la Auditoría de Cuentas, y en las que compito con excelentes profesionales, pseusdoprofesionales y francotiradores de todo pelaje, siendo el mercado el que pone a cada uno en su sitio.

Otro día podríamos hablar de los Notarios...

Actualización 19/6/2009:
El congreso salva la profesión de procurador
(Fuente: Expansión)

sábado, 6 de junio de 2009

Sentencia del Tribunal Constitucional: Los peritos del caso Banesto y el derecho a la libertad de expresión e información de El País

Son esas cosas que suelen pasar desapercibidas más allá del ámbito de los interesados.

Hace unos días llegó hasta mí una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) aparentemente relacionada con el derecho a la "tutela judicial efectiva".

La sentencia no deja de ser un nuevo capítulo en el desencuentro entre el Tribunal Constitucional y el Supremo (TS), que seguro Echevarri la contaría mejor que yo. En cualquier caso, al margen de divorcio contencioso entre el TC y el TS me quedo con la parte de denuncia que Ernesto Ekaizer, habitual de El País en temas financieros, hace de los peritos.

Cualquiera que me haya leído un poco podrá imaginar que no soy un incondicional de El País, aunque reconozco que lo compramos los domingos desde hace siglos y que las salmón son cada vez mejores y centradas, nada que ver con las blancas más políticas y escoradas hacia ZP.

Pero no nos distraigamos...

A continuación reproduciré párrafos de la senencia del TC relacionados con artículos aparecidos en el periódico y espero que cada uno saque sus propias conclusiones. Ya te digo que lo de menos - como perito - es el fondo de la cuestión y lo más importante es las acusaciones que se realizan tachando determinadas actuaciones de los peritos. No sé si serán verdad pero de serlo...

Básicamente lo que se reproduce es el Antendecente 2º:
2. En la demanda se recoge la relación de antecedentes fácticos que a continuación se resume.
a) El diario “El País”, publicación dirigida por don Jesús Ceberio Galardi y editada por la entidad Diario El País, S.L., publicó entre los días 1 de febrero y 29 de marzo de 1996 una serie de artículos firmados por don Ernesto Ekaizer Wolochwianski referidos a la designación e intervención de los economistas don Leandro Cañibano Calvo, don Miguel Ángel Garrido Riosalido y don Joaquín Díez Fuentes como peritos judiciales designados por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de la Audiencia Nacional en las diligencias previas núm. 234-1993, conocido como “caso Banesto”.
b) Los artículos publicados, a los efectos que a este recurso de amparo interesan, fueron los siguientes:
b.1) Al día siguiente de la emisión del informe pericial, esto es, el día 1 de febrero de 1996, en la página 45 del diario apareció uno de los artículos con el siguiente título y parcial contenido:
“Conde intentó camuflar el pago a los peritos del Colegio de Economistas que le exculpan de estafa”.
“El informe de los economistas Leandro Cañibano Calvo, Joaquín Díez Fuentes y Miguel A. Garrido Riosalido, concluido ayer considera que de la información aportada por el Banco de España sobre operaciones presuntamente irregulares descritas en la querella criminal contra Mario Conde y otros ex administradores de Banesto no se deducen actuaciones delictivas. Según informa se trata en su mayoría de transacciones de carácter comercial”.
Al margen del artículo, en columna separada y bajo la entradilla “Provisión de fondos”, se recogía:
“En los primeros días de septiembre pasado, los tres peritos, antes de comenzar sus trabajos, preguntaron a la secretaria del Juzgado, Paloma Salcedo, por la provisión de fondos para comenzar su actividad. La secretaria les manifestó que se trataba de un peritaje de parte por lo que el Juzgado no pagaría el trabajo … Fue finalmente, Mariano Gómez de Liaño, coordinador de la defensa de Conde, quien visitó la secretaría del Juzgado y explicó que se planteaba una situación difícil si el Juzgado no pagaba a los peritos y preguntó qué solución podía encontrarse. La secretaria le explicó que no la había. Gómez de Liaño sugirió que si bien sus clientes podían pagar los gastos sería deseable que el Juzgado aceptase el dinero y que fuera quien pagase oficialmente a los peritos. Según el Letrado, si sus clientes eran quienes pagaban a los tres peritos su trabajo perdería credibilidad ante la opinión. La secretaria dijo que era absolutamente imposible que el Juzgado aceptara dinero de una parte para aparecer pagando a los Peritos. Nunca había visto tal cosa”.
b.2) Cuatro días después de la entrega del informe pericial al Juzgado, esto es, el día 5 de marzo de 1996, en la página 61 del Diario apareció otro artículo con el siguiente título, entradilla y contenido:
“Los peritos de Conde justifican sus actos y dicen que una muerte impide precisar las operaciones de Garro. Los tres economistas dan lógica económica y jurídica a las coartadas de los ex gestores”.
“Los tres peritos designados por el Decano Presidente del Colegio de Economistas de Madrid, según iniciativa de Mario Conde, completaron ayer sus informes sobre el caso Banesto. En ellos admiten el apoyo financiero de aquél al grupo Euman Valyser (beneficios presuntamente ilícitos de 7.400 millones) presentan las coartadas de los ex gestores con envoltorio financiero y jurídico y abren presuntas dudas sobre las operaciones del ex director general Fernando Garro, aunque no pueden precisar con exactitud lo ocurrido por la muerte del entonces interventor del banco”.
b.3) El día 7 de marzo de 1996 el Diario publicó el siguiente artículo, cuyo contenido parcialmente se transcribe a continuación, bajo el título “Peritos de Conde ignoran una prueba de sus lazos con el testaferro Martínez Jiménez”.
“Leandro Cañibano, portavoz de los tres peritos nombrados por el Decano del Colegio de Economistas de Madrid, según una iniciativa del ex presidente de Banesto, Mario Conde, declaró ayer que no hay documentos probatorios de una relación directa o indirecta entre el ex banquero, su presunto testaferro Eugenio Martínez Jiménez y el grupo Euman Valyser, que hizo beneficios de 7.400 millones con Banesto. Sin embargo al serle apuntada la existencia de un apoderamiento de Conde a favor de Martínez Jiménez, el 8 de Julio de 1991, Cañibano recuperó la memoria, pero evitó pronunciarse”.
En relación con el perito Sr. Garrido Riosalido, en el artículo se apuntaba lo siguiente:
“no le tembló el pulso a la hora de firmar en solitario una opinión separada de justificación de las operaciones. Allí se desliza hacia el campo jurídico según las directrices y coartadas del gran director de orquesta que ahora, como ocurre en los grandes teatros, no está en la parte visible del escenario. Es decir: el abogado Mariano Gómez de Liaño”.
En el desarrollo del artículo se recoge lo sucedido en el acto de ratificación del informe. El apoderamiento obra al folio 15.789 de las diligencias previas.
b.4) El día 9 de marzo de 1996, en la página 53 del diario, el periodista firmante del artículo, bajo el título “Abogado y peritos de Conde ocultan una carta de garantía en la operación de Isolux”, relata lo siguiente:
“Los tres peritos nombrados por el Decano del Colegio de Economistas a propuesta de la defensa de Mario Conde, ocultaron ayer, al ratificar su informe en el Juzgado del caso Banesto, la existencia de una carta de garantía de la sociedad patrimonial del ex banquero, Asebur Inversiones, a favor de la empresa Valyser para que el Banco de Progreso le concediese el 20 de julio de 1990 un préstamo de 300 millones de pesetas … Los peritos, aparte de ocultar en connivencia con el abogado Sánchez Calero esa carta de garantía se escudaron, entre otras razones, en ‘no conocer con precisión’ la lengua italiana para ignorar el poder de Conde a favor del presunto testaferro Eugenio Martínez Jiménez”.
En el desarrollo del artículo se recoge lo sucedido en el acto de ratificación. Consta en las diligencias previas la carta de garantía a que hace referencia el artículo.
b.5) El día 16 de marzo de 1996, aparece en la página 53 del Diario un artículo titulado “El informe de los 100 Kilos”, “Los peritos economistas del caso Banesto se han jugado su prestigio”, en el que el articulista relata lo siguiente:
"Entre los abogados, auditores y banqueros se le conoce con un nombre sugestivo: el informe 100. La cifra no se refiere al número de páginas. Las dos entregas suman 376 folios. Es otra cosa: los 100 millones que habrían pagado Mario Conde, Arturo Romaní y varios querellados en el caso Banesto a los economistas Leandro Cañibano, Joaquín Díez Fuentes y Miguel Ángel Garrido Riosalido por su informe pericial sobre las operaciones presuntamente fraudulentas de la querella que instruyen el Juez Manuel García Castellón y el Fiscal Florentino Ortí. La cifra de 100 millones es contestada por fuentes amigas de los autores. Dicen que son 54. Al ratificar sus dos trabajos en el Juzgado, los economistas han tenido que jugarse estos días su prestigio profesional … El pasado viernes 8, los peritos intentaron ocultar un hecho relevante sobre la vinculación entre Mario Conde y su presunto grupo oculto Euman Valyser, capitaneado por Eugenio Martínez Jiménez. El hecho en cuestión está referido al comienzo mismo de una operación que permitía a Euman Valyser ganar 3.800 millones con el grupo Banesto. En su informe, página 8, los peritos hablan de prestamos solicitados por Euman a bancos”. “Las relaciones con dichas entidades se han visto apoyadas en algún caso por cartas de patrocinio como la dirigida por Asebur Inversiones (sociedad de Conde) al Banco de Progreso en Julio de 1991”.
A continuación el periodista relata cómo se desarrolló el interrogatorio efectuado por el Abogado don Juan Sánchez Calero sobre este extremo y el realizado por el Letrado de Banesto en días posteriores sobre el mismo asunto.
c) Los peritos don Leandro Cañibano Calvo, don Joaquín Díez Fuentes y don Miguel Ángel Garrido Riosalido promovieron una demanda contra el director de la publicación, la editora y el periodista que firmó los artículos por la vía del art. 11 y ss. de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, alegando la vulneración de los arts. 18 y 20.4 CE, en relación con el art. 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, al considerar que los artículos publicados faltaban a la verdad y eran gravemente atentatorios a su honor, en cuanto en ellos se aludía a la forma en que fueron designados por el Juzgado, a los honorarios que percibieron y al propio informe pericial, mediatizado, según el periodista, por la influencia de don Mario Conde y Conde. Dichos artículos suponían, en definitiva, una información falsa, no amparada por la libertad de información [art. 20.1 d) CE]. Como coadyuvante de los actores actuó el Colegio de Economistas de Madrid.
d) El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Madrid dictó Sentencia en fecha 6 de mayo de 1998 desestimando la demanda.
e) La representación procesal de los peritos don Leandro Cañibano Calvo, don Joaquín Díez Fuentes y don Miguel Ángel Garrido Riosalido interpuso recurso de apelación contra la citada Sentencia, que fue estimado por Sentencia de la Sección Decimocuarta de la Audiencia Provincial de Madrid, de 26 de febrero de 2001, que condenó a los demandados a indemnizar a los tres actores en la suma de 2.000.000 de pesetas a cada uno de ellos, al pago de las costas procesales de la instancia y a insertar la Sentencia condenatoria en el diario “El País”, en condiciones idénticas a las que tenían los artículos lesivos al derecho al honor y prestigio profesional de los demandantes.
La Sala estimó, en síntesis, que el conjunto de artículos publicados suponían una clara descalificación pública del informe por la imparcialidad (sic) de sus autores, no por razón de su contenido, lo cual hubiera sido objeto de una crítica legítima, sino por el “especial énfasis que pone el periodista en trasladar al destinatario de la información la idea de que es un informe hecho por los peritos a medida de la parte que propone la prueba y satisface los honorarios en elevada cuantía cuyo pago se pretende camuflar, lo que constituye intromisión en el derecho al honor y prestigio profesional de sus autores hasta el punto de calificarse la actuación de los peritos, por tergiversación de los hechos veraces, emisión de otros inveraces y opiniones vejatorias, como propia de quien se juega su prestigio profesional”. Asimismo afirma la Sentencia que no se ha acreditado “lo que viene a sostenerse como verdad en el conjunto de los artículos periodísticos, cual es, que los peritos actuaron y emitieron un informe exculpatorio, próximo a lo delictivo, bajo las directrices de Mario Conde o de sus Abogados por ser la parte que propuso la prueba y pagó sus elevados honorarios”.
f) La representación procesal de los demandantes de amparo interpuso recurso de casación contra la anterior Sentencia, que fue inadmitido a trámite por Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 24 de mayo de 2005, en el que se declaró la firmeza de la Sentencia de apelación.
La Sala argumenta en su Auto que el recurso incurre en la causa de inadmisión prevista en el art. 483.2.2, en relación con el art. 477.1, ambos LEC, “ya que el recurrente pretende alterar la base fáctica tenida en cuenta por la Sala de la Audiencia, ya que mantiene la veracidad de la globalidad de lo publicado y la ausencia de expresiones vejatorias, en contra de lo concluido por la Sentencia y sin que el análisis concreto que se pretende por el recurrente acerca de si determinadas frases han de ser consideradas como lesivas del derecho al honor, pueda alterar la concurrencia de esta causa de inadmisión, por cuanto el recurso, en este punto, pretende un análisis pormenorizado de determinadas expresiones obviando que la Sentencia ha decidido acerca de la globalidad de los artículos publicados y su finalidad, por lo que las consideraciones acerca de una determinada expresión no cambiaría la conclusión de la Sentencia que se rige por el todo y no por una parte de lo publicado”.
3. En la fundamentación jurídica de la demanda de amparo se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE), y las libertades de expresión e información [art. 20.1 a) y d) CE].
(...)
En definitiva, el Auto recurrido realiza una interpretación excesivamente rigorista de la LEC en cuanto a las causas de inadmisión que resulta contraria a la interpretación antiformalista postulada por el Tribunal Constitucional en aras a la salvaguarda de los derechos reconocidos en el art. 24 CE. Y ello porque la vía procesal escogida por los recurrentes —art. 477.1 LEC—, no sólo fue la adecuada, sino porque la argumentación del Auto recurrido, lejos de limitarse a justificar la causa de inadmisión, entra sobre el fondo de la cuestión debatida, dando por buena la aplicación jurídica efectuada por la Sentencia de apelación sobre la globalidad de la información y desechando la realizada por los recurrentes, que, contrariamente, parte del análisis de cada una de las informaciones y su adecuación a los requisitos constitucionalmente exigidos para estar amparados por el derecho a la libertad de expresión e información, con el objeto de concluir que la totalidad de la información se encuentra dentro del ámbito del legítimo ejercicio de esos derechos.
Así pues el Auto recurrido ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de los recurrentes en amparo, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos (art. 24.1 CE), al realizar una interpretación errónea de la causa de inadmisión invocada y entrar a considerar en fase de admisión cuestiones que afectaban al fondo de la cuestión debatida y que, por tanto, tenían que haber sido resueltas en la Sentencia.
(...)
Puede consultarse la senencia completa AQUÍ.
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Entrada actualizada en www.economiaforense.es

Sobre algunos contratos: Una noche en la Opera

miércoles, 3 de junio de 2009

Principios de la tauromaquia

Si en un perito se manifiestan estas cualidades, estamos en presencia de un auténtico experto, que al enfrentarse al informe observa los principios de la tauromaquia, como los conciben los verdaderos profesionales: torear (dictaminar) es parar, templar y mandar.

"Parar", que estrictamente hablando debiera ser pararse, es el primer mandamiento de un perito valiente, porque es éste quien debe estar con los pies “clavados en la arena” cuando se pone delante de jueces, fiscales y abogados respondiendo a sus preguntas.

En el verbo "templar" se condensa el acoplamiento al ritmo y a la fuerza con que es embestido sobre los aspectos más conflictivos del informe; acoplamiento que se manifiesta en una forma de responder a las preguntas que pasa tersa, suave, serena, como marcando los movimientos de una partitura profunda y alegre a la vez, sin que eventuales puyas logren ni siquiera incomodarle.

"Mandar" es dominar el tema sobre el que se ha dictaminado, estar por encima de su complejidad, de su dificultad, no ser víctima del engaño de otros peritos, entender su comportamiento, casi psicoanalizarlo para comprenderlo y, a veces, hasta ayudar al juez para que acepte el dictamen como cierto.

Y que Dios reparta suerte...

Recreación de CLASE INAUGURAL DE LA CÁTEDRA LIBRE DE TAUROMAQUIA “DR. HERMÁN BRICEÑO FERRIGNI” (Hernán López Añez) (pag. 10-11)
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Entrada actualizada en www.economiaforense.es

La crisis bancaria


Un proveedor localiza, tras una larga búsqueda, a su mososo y contumaz ex-cliente para reclamarle el principal - y los gastos - de un cheque devuelto, que le había entregado hacía tres meses.

El proveedor recriminó largamente a su cliente que, tras varios intentos de cobro, el cheque no tenía fondos.

Su cliente muy sorprendido le respondió:


- "¿No había fondos?... cuanto lo lamento, pero ya me habían dicho que ese banco no iba muy bien"

lunes, 18 de mayo de 2009

Prueba contable y lucro cesante (Sentencia)

Hoy me gustaría comentar, desde el punto de vista pericial, la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia - Comunidad Valenciana - Sala de lo Contencioso-Administrativo nº 1853/2008, de 05 de Diciembre 2008.

En resumen, una sociedad presenta reclamación contra la Consellería de Infraestructura y Transporte, y dos empresas constructoras, por un supuesto de responsabilidad patrimonial de la Administración debido al mal funcionamiento de los servicios públicos (Art. 139 y 142.5 de la Ley 30/92, Art. 4.2 del RD 429/93, de 26 de marzo y Art. 106 de la Constitución).

De la sentencia se desprende que el negocio propiedad de la sociedad demandante quedó casi encerrado por la realización de unas obras, algo que afectó a su actividad produciéndole pérdidas de beneficios (lucro cesante).

No voy a entrar a valorar el principio general de responsabilidad patrimonial como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, sobre los que la jurisprudencia ha establecido, de forma reiterada, una serie de requisitos para que se produzca dicha responsabilidad patrimonial, como señala la sentencia:

a) La efectiva realidad del daño evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.

b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa, inmediata y exclusiva de causa a efecto.


c) Que no se haya producido fuerza mayor, ni el perjudicado tenga el deber de soportar el daño.


Asimismo, me gusta cuando la sentencia evita la norteamericanización - bonito "palabro" - de la justicia española y hace referencia al hecho de que, si bien la responsabilidad patrimonial de la Administración es objetiva, esto no implica que todo perjuicio sufrido por los particulares sea indemnizable. En caso contrario estaríamos ante un seguro colectivo o una obligación universal de resarcimiento con cargo de la Administración. En cualquier caso, como he señalado, no voy a entrar el el tema jurídico sino en el desarrollo de la prueba pericial contable.

La empresa demandante tenía un restaurante afectado por las obras y, durante el tiempo que duraron, quedó dificultado notablemente su acceso (rodeado de obras durante dos años), reducido su estacionamiento e, incluso en ocasiones como reconoce la propia administración, "se ha imposibilitado el acceso al mismo".

Así las cosas, el hecho de que el deterioro de los bienes del demandante venga provocada por una actuación urbanística perfectamente legal, y en ejecución de un plan urbanístico, no excusa a la administración del deber de indemnizar. Y - como señala la propia sentencia - "nadie tiene la obligación de soportar el daño causado, sino todo lo contrario pues, la destrucción de bienes o el daño causado por la acción urbanizadora, es un clarísimo supuesto indemnizatorio".

La prueba contable practicada demostró que, durante los dos ejercicios que duraron las obras, el restaurante no solo no tuvo beneficios sino que sufrió directamente pérdidas por valor de 17.551 euros en el ejercicio de 2005, y 15.503 euros en el ejercicio de 2006. Y estas sumas deben ser indemnizadas (entiendo que como "daño emergente" aunque la calificación pueda no ser importante).

La sentencia señala un par de sentencias del Tribunal Supremo a tener en cuenta. La primera de 18 de enero de 2004, porque delimita el alcance de la indemnización en concepto de lucro cesante:

a) Se excluyen las meras expectativas o ganancias dudosas o contingentes, puesto que es reiterada la postura jurisprudencial del Tribunal Supremo (así, en sentencia de 15 de octubre de 1986 ) que no computa las ganancias dejadas de percibir que sean posibles, pero derivadas de resultados inseguros y desprovistos de certidumbre, cuando las pruebas de las ganancias dejadas de obtener sean dudosas o meramente contingentes, excluyéndose en la cuestión examinada tales circunstancias.

b) Se excluye, igualmente, la posibilidad de que a través del concepto de lucro cesante y del daño emergente se produzca un enriquecimiento injusto, puesto que la indemnización ha de limitarse al daño emergente que genera el derecho a la indemnización.


c) De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia, entre otras, de 3 de febrero de 1989 EDJ 1989/983 ) es necesaria una prueba que determine la certeza del lucro cesante, pues tanto en el caso de éste como en el caso del daño emergente, se exige una prueba rigurosa de las ganancias dejadas de obtener, observándose que la indemnización del lucro cesante, en coherencia con reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (sentencia de 15 de octubre de 1986, entre otras), ha de apreciarse de modo prudente y restrictivo, puesto que no es admisible una mera posibilidad de dejar de obtener unos beneficios.


De la prueba obrante en las actuaciones y, especialmente de la pericial contable practicada, se desprendía que:

"Los ingresos han descendido en mas de un 41 % con respecto a la media de los ingresos de los cinco años anteriores, (se refiere a los años anteriores al inicio de las obras). El informe anterior a este manifestaba una depreciación de la cifra de ventas de mas de un 37 %, y los ingresos de 2006, solo con respecto a 2005, siguen disminuyendo más de un 6 %... La empresa tiene verdaderos problemas de viabilidad. En valores absolutos, la media de ingresos que comprenden los ejercicios de 2001 a 2004 - ejercicios no afectados directamente por las obras- es de 316.879 €, y para el propio 2006, la cifra de negocio es de solo 184.682 €... Las compras de mercaderías necesarias para la obtención de los ingresos se comportan de forma simétrica a estos. Los aprovisionamientos descienden cerca de un 39 % de los realizados en los 5 años anteriores...".
Ello no obstante la empresa tiene como gastos fijos o estructurales "los de personal y costes sociales, reparaciones, conservación, pólizas de seguro, gastos bancarios, tributos, luz, agua, oct,... A finales de 2004 empieza un deterioro de la contratación temporal, pero los gastos en valores absolutos se mantienen fijos en 2005, y solo en el 2006 disminuyen como consecuencia del despido de un trabajador que desde 2002 prestaba sus servicios en la empresa"

La prueba pericial contable verifica que durante los cuatro años anteriores los beneficios del restaurante fueron: Año 2001 (38.993 euros), año 2001 (22.225 euros), año 2003 (18.953 euros), año 2004 (28.057 euros). Es decir, en promedio, la cantidad de 27.057 €, que es la sentencia considera debe abonarse por cada uno de los ejercicios durante los cuales se estuvieron ejecutando las obras. Esta cantidad asciende a 54.114 euros, a los que habría que añadir las pérdidas señaladas más arriba, 17.551 euros y 15.503 euros lo que asciende a la cantidad de 87.168 euros, con sus intereses al tipo legal desde la fecha de la reclamación administrativa.

Este año he tenido que actuar como perito judicial en un asunto similar, en ese caso por ruidos, y es por lo que me apetecía comentar esta sentencia.

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Entrada actualizada en www.economiaforense.es

lunes, 27 de abril de 2009

Futura reforma concursal

Los pasados 16,17 y 18 de abril, organizado por la editorial Aranzadi, se celebró el “I Congreso Español de Derecho de la Insolvencia cuyas conclusiones se pueden ver [AQUÍ].

La primera hace referencia a la necesidad de “modificar algunas de las concepciones básicas de la Ley Concursalpara afrontar con eficacia las crisis empresariales. Y que no sea – como la actual reforma – que sea sólo a costa de los Administradores Concursales.


La Segunda conclusión se refiere a la necesidad de regular de una manera completa un “procedimiento concursal o preconcursal alternativo de carácter parcialmente extrajudicial” algo que entiendo el Decreto-Ley 3/2009 no ha conseguido. Tampoco parece que es del agrado la insuficiente regulación de los “acuerdos de refinanciación”.


La tercera de las conclusiones hace referencia a la “necesidad de modificar el presupuesto objetivo del concurso de acreedores” para reducir los costes, tanto temporales como económicos, derivados de su declaración.


Cuarto, necesaria modificación de la figura de la “compensación”.


La necesidad de modificar el tratamiento del “expediente de regulación de empleo en el concurso” es abordada por la cuarta conclusión que considera insuficiente y desacertada la modificación efectuada en el Decreto-Ley 3/2009.


La sexta y séptima tratan sobre los contratos y nuevamente de los “acuerdos de refinanciación” (te recomiendo su lectura).


La octava aborda los problemas de reconocimientos de créditos y recomienda mecanismos más ágiles para la formación de la masa pasiva. Y la novena hace un breve comentario sobre los bienes de la masa en el extranjero”.


Muy importante es la décima conclusión y la necesaria reorientación del tratamiento concursal de las garantías personales y reales” ya que, en opinión de los ponentes, es necesario resolver el problema del tratamiento del crédito garantizado por una persona especialmente relacionada con el concursado y precisar el concepto y régimen de los bienes afectos sobre los que recaiga una garantía real o hacer que sea el juez del concurso el que, atendiendo al interés del concurso, decida si procede o no la iniciación o la ejecución de esa garantía.


La undécima recomendación va en el sentido de incentivar de forma decidida el convenio anticipado, configurando la denominada liquidación anticipada y dando seguridad jurídica transmisión de la empresa en crisis; la duodécima trata la “responsabilidad concursal” de los administradores de personas jurídicas.


Pero de todas ellas, la última – decimotercera – para mí, y a efectos prácticos la más importante, señala la necesaria creación de un “procedimiento específico, ágil, económico y extrajudicial” para la solución de la insolvencia – sobreendeudamiento - del consumidor. Ya en el 2003 el partido socialista ya la llevaba en su programa pero – de manera incomprensible – la propuesta sigue durmiendo el sueño de los justos, como si del “Arca de la Alianza” se tratara. Estoy seguro que mi blogero amigo Echevarri tiene muchas cosas que decir y muchas que callar, todo ello con el debido respeto, jejeje.


Los ponentes del Congreso también pedían que el Decreto-Ley 3/2009 se tramitara en el Congreso como Proyecto de Ley, y en parte les doy la razón ya que pese a utiliza una fórmula de urgencia legislativa, que sólo necesita convalidación, una primera lectura del texto no deja ver “tanta urgencia” puesto que hay aspectos que se dejan sujetos a posterior desarrollo (o es urgente o no lo es).


Un juez me decía la semana pasada que tanta urgencia estaba motivada por las prisas que tenían las entidades financieras para dar coberturas a sus operaciones de refinanciación, y todo lo demás “relleno para que no se notara”. No sé, pero Bancos y Cajas necesitan cierta seguridad a la hora de plantear sus operaciones, en caso contrario, la inseguridad terminará por secar el mercado del crédito.


Finalmente el Gobierno ha podido sacar adelante la convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso con el apoyo de CiU - algo que no estaba tan claro a priori - y ha permitido a los socialistas evitar su tramitación como Proyecto de Ley como habían solicitado el PP, el PNV y UPyD. Esta discrepancia de criterios ha mantenido durante un mes a los jueces de lo mercantil con cierta inseguridad – jurídica – porque no sabían que podría pasar con las decisiones que tomaran, de acuerdo con la nueva redacción, si no era convalidado citado el Decreto Ley.


Parece que la reforma se ha sacado adelante, con el apoyo de los catalanes, aunque con el compromiso de una nueva reforma, esta vez mucho más amplia.


De este modo, el Ministro de Justicia, Francisco Caamaño anunciaba inmediatamente, esta misma semana, que la Ley Concursal vuelve a la Comisión General de Codificación para una reforma integral”. Y se espera poder presentar muy pronto un nuevo Proyecto de Ley Concursal en la que entre otros aspectos se modifiquen – según el REFor - los siguientes temas:


– El papel de los convenios preventivos extrajudiciales.

– La regulación de los consumidores y familias.

– Estudio del papel de los sindicatos que siguen teniendo demandas sobre competencia en los EREs, derecho de ejercicio preferente de créditos laborales .

- La responsabilidad de los administradores sociales de la empresa concursada.


En mi caso, como Administrador Concursal, también quiero quejarme de “lo mío” y agradecería que se tuvieran en cuenta los estudios elaborados, en el período de consultas del Real Decreto 1860/2004, antes de proceder a la reforma de dicho arancel.