Este fin de semana he podido leer en El País(versión “papel” de 5 de agosto) interesante sentencia por la que se condena una funcionaria de la Tesorería de la Seguridad Social.
En febrero de 2001 un detective intentó sobornar a un directivo de la Seguridad Social para que le facilitara datos sensibles (vida laboral, grupos de cotización, domicilios y datos privados) de personas a cambio de cantidades en metálico por cada dato suministrado.
El funcionario – actuando correctamente – denunció los hechos y la Policía comienzó una investigación por la que descubrieron que dos empresarios solicitaban al detective datos reservados de diferentes personas para que este trasladara su petición a la funcionaria encausada, a cambio de 70.000 pesetas al mes (420 euros/mes).
El funcionario – actuando correctamente – denunció los hechos y la Policía comienzó una investigación por la que descubrieron que dos empresarios solicitaban al detective datos reservados de diferentes personas para que este trasladara su petición a la funcionaria encausada, a cambio de 70.000 pesetas al mes (420 euros/mes).
La Audiencia de Madrid constató que el Juez Instructor había incurrido en una irregularidad, que viciaba todo el proceso, consistente en la inclusión en un mismo auto de la autorización a la Policía para extraer los listados de llamadas del detective.
El tribunal consideró que no se había producido un tratamiento individualizado de la petición policial ni, tampoco, un estudio previo a la decisión por lo que viciaba las resoluciones posteriores.
La Audiencia de Madrid condenó - gracias a su propia confesión – a la funcionaria a cuatro años y medio de prisión por revelación de secretos y al detective a dos años y medio por tentativa de revelación de secretos.
El Tribuna Supremo entiende que debe absolver al detective por lo señalado anteriormente y considera incomprensible que nadie haya acusado al citado detective de cohecho y el magistrado ponente de la sentencia utiliza su voto particular para quejarse de irregularidades y omisiones en la investigación.
Todavía no dispongo de la sentencia ya que, como he señalado, estoy comentando una noticia de presa ahora bien, siguiendo la terminología empleada por el magistrado, resulta incomprensible - léase decepcionante - que sólo haya podido ser condenada la funcionaria y que el resto de las personas relacionadas con el caso (funcionario del CESID, empresarios y el propio detective) se “vayan de rositas”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario