Conocer las cuentas de la Casa Real es sencillo, basta con echar un vistazo a los Presupuestos Generales del Estado y ver que asciende a poco más de 8 millones de euros. Lo que no puede conocerse son las partidas en las que se gasta dicho dinero puesto que, por mandato constitucional (Art. 65), el Rey y la Casa Real son los únicos con autoridad para su asignación y no existe órgano superior que las fiscalice.
Los partidos nacionalistas y de izquierda han hecho causa común contra lo que creen un despilfarro y tradicionalmente vienen pidiéndole cuentas al Rey, en forma de preguntas en el Congreso de los Diputados (monarquía parlamentaria).
La monarquía no es excesivamente costosa en comparación con otras figuras similares como la del presidente de la república francesa o la casa real británica.
Sea cual sea el motivo en el BOE del pasado 27 de agosto apareció el nombramiento del profesor Óscar Moreno Gil (72 años), número uno de su promoción en las oposiciones a la Intervención General del Estado, funcionario de hacienda, profesor y tratadista de jurisprudencia administrativa.
Desde principios de septiembre ya se está haciendo cargo de la “auditoría interna” - pongo comillas – y aunque las cuentas van a ser supervisadas, verificando que se ajusten a la legislación vigente, sus resultados no van a ser públicos.
Además de la función fiscalizadora el Sr. Moreno Gil también se va a hacer cargo de la gestión económica, financiera y presupuestaria de la Casa del Rey.
En mi opinión resulta positivo que se le de cierta transparencia a la figura del Rey y, teniendo en cuenta que es de los reyes que tradicionalmente ha venido pagando sus impuestos como un contribuyente más, rendir cuentas ante un profesional de reconocido prestigio hace más humana su figura. Ahora bien, el hecho de no hacer públicos los resultados de dicha supervisión no sé si acalla la voces más críticas o les da más carnaza para seguir “mareando la perdiz”.
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Entrada traspasada a www.economiaforense.es
Los partidos nacionalistas y de izquierda han hecho causa común contra lo que creen un despilfarro y tradicionalmente vienen pidiéndole cuentas al Rey, en forma de preguntas en el Congreso de los Diputados (monarquía parlamentaria).
La monarquía no es excesivamente costosa en comparación con otras figuras similares como la del presidente de la república francesa o la casa real británica.
Sea cual sea el motivo en el BOE del pasado 27 de agosto apareció el nombramiento del profesor Óscar Moreno Gil (72 años), número uno de su promoción en las oposiciones a la Intervención General del Estado, funcionario de hacienda, profesor y tratadista de jurisprudencia administrativa.
Desde principios de septiembre ya se está haciendo cargo de la “auditoría interna” - pongo comillas – y aunque las cuentas van a ser supervisadas, verificando que se ajusten a la legislación vigente, sus resultados no van a ser públicos.
Además de la función fiscalizadora el Sr. Moreno Gil también se va a hacer cargo de la gestión económica, financiera y presupuestaria de la Casa del Rey.
En mi opinión resulta positivo que se le de cierta transparencia a la figura del Rey y, teniendo en cuenta que es de los reyes que tradicionalmente ha venido pagando sus impuestos como un contribuyente más, rendir cuentas ante un profesional de reconocido prestigio hace más humana su figura. Ahora bien, el hecho de no hacer públicos los resultados de dicha supervisión no sé si acalla la voces más críticas o les da más carnaza para seguir “mareando la perdiz”.
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