Bienvenido al primer Blog sobre Economía Forense en Español

Blog: www.economiaforense.org
Contacto: José Antonio Avellaneda

Bienvenido a este proyecto de Blog que pretende desarrollar conceptos relacionados con la prueba pericial contable y económica en un intento de acercarlos al profesionales que los tiene que utilizar pero tiene una formación específica distinta. También es un cuaderno de bitácora sobre economía para no economistas y auditoría para no auditores.

¿Qué significa economía forense?

NOTA: Pásate por El Nanoeconomista y encontraras otras cuestiones interesantes relacionadas con la economía.

lunes, 28 de enero de 2008

¡¡ Abusones !!

No sé si en alguna ocasión he comentado que también me dedico al asesoramiento fiscal en mi despacho. Me dedico o al menos lo intento porque muchas veces siento vergüenza ajena ante los abusos que me encuentro. Cuando se aprobó la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre se olvidaron sustituir la palabra "contribuyente" por la de "presunto defraudador", puesto que todos lo somos en tanto no demostremos lo contrario.


Relacionado con mi actividad del asesoramiento tributario, cada mes el REAF (Registro de Economistas Asesores Fiscales) nos envía a los colegiados un boletín personalizable para remitir a los clientes de nuestros despachos. Pues bien, en el del mes de enero, el apartado "Doctrina Administrativa y Jurisprudencia" incluye una lamentable sentencia que paso a transcribir:



Debe existir un mínimo de culpabilidad para que la Administración imponga una sanción
En esta ocasión, la Administración inicia una actuación de comprobación cerca de una contribuyente, que tenía 80 años y era viuda. A la muerte de su marido recibe por herencia los derechos de autor de su esposo. Desde el punto de vista del impuesto sobre el Valor Añadido se entiende que la cesión del derecho de propiedad intelectual es una prestación de servicios y, por lo tanto, la adquirente está obligada a ingresar el Impuesto que corresponda. Como la viuda no lo ingresó, la Administración le impuso una sanción por dejar de ingresar.

El Tribunal determina que no se puede imponer una sanción por el mero hecho de no ingresar si en dicha conducta no existe un mínimo de culpabilidad y de ánimo defraudatorio. Concluye diciendo que es muy difícil pensar que la intención de la viuda, a su edad, es defraudar a la Hacienda Pública no ingresando el Impuesto por los derechos de autor. Además, la recurrente no podía sospechar que por el simple hecho de percibir por herencia los derechos de autor de su marido se iba a convertir en sujeto pasivo de este Impuesto, sobre todo cuando es éste un supuesto muy particular
(Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sentencia de 15 de marzo de 2007).

Parece que, al final, se ha hecho justicia. Ha tenido que ser el Tribunal Superior de Justicia el que pare los pies a la administración y ante el planteamiento "¡Esta vieja que se ha creído!" la justicia ha hecho "eso" justicia.
Parece mentira que la propia Administración no haya solucionado este problema en su propio seno ¿para qué sirven tantas alegaciones previas al expediente, tanto recursos de reposición, tanto Tribunal Económico-Administrativo?.
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domingo, 27 de enero de 2008

White Collar Crime

La siempre útil revista de la editorial Lex Nova incluye en su último número un interesante artículo sobre los delitos de cuello blanco, cuyo autor es el criminólogo José Ramón Ferro Veiga [VER artículo completo].

En el citado artículo se explica de manera sencilla, leitmotiv de este weblog, la diferencia entre “delito económico” y “delito de cuello blanco” (white collar crime). De este modo y según el autor:
“…desde un punto de vista técnico, no ha de confundirse la delincuencia económica con la de «cuello blanco », mucho más restringida. Por ejemplo: el delito contable, el fiscal y el delito informático son delitos económicos, pero no de cuello blanco, ya que estos delitos no requieren para ser tales ser cometidos por personas de alto estatus.”

Entendiéndose por personas de alto estatus desde “personajillos del famoseo” hasta financieros, políticos de renombre o altos cargos del estado y relacionados con los delitos de cuello blanco encontramos otros como el “cohecho (término que dejo a mis amigos los abogados su definición) y el del “blanqueo de capitales” (ver interesante artículo [AQUÍ] y para descargar la Directiva europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, se puede hacer desde [AQUÍ]).

Ferro Veiga incluye en su artículo un mini-manual para mostrar como se blanquea el dinero en el sector inmobiliario y que, si bien no descubrimos nada al conocedor del sector, si puede ser interesante para el recién llegado:

1) Se obtiene el dinero negro de las actividades ilícitas: por ejemplo se desean blanquear 200.000 euros.

2) Se compra un inmueble pagando a precio de mercado pero no declarando en la escritura pública todo el importe pagado sino sólo una parte. De esta forma se consigue una importante ventaja fiscal porque el comprador ahorra impuestos, bien sea por IVA o por Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), y el vendedor consigue que una parte de la ganancia patrimonial quede oculta al fisco. Siguiendo con el ejemplo: se compra un inmueble por 600.000 euros pero sólo se firma la escritura por 400.000 euros, entregando en ese momento un cheque bancario de dinero “oficial”, “blanco”, “A”, “limpio”, etc. por dicho importe, liquidando o habiendo liquidado los 200.000 restantes con el dinero que se quería blanquear; de este modo los 200.000 euros entran en el sistema legal, vía propiedad inmobiliaria, y el comprador se ahorra generalmente un 7%, por IVA o ITP (14.000 euritos) y el vendedor, en caso de ser persona física, se ahorra un 18% (36.000 euritos), en concepto de ganancia patrimonial no declarada.
3) Acto seguido se liquidan los referidos impuestos y se inscribe el inmueble a nombre del comprador, que ha conseguido “lavar” los 200.000 euros provenientes en general de operaciones de compraventa similares, aunque también podría proceder del narcotráfico, o el terrorismo.

No siendo este un weblog jurídico, aunque esté fuertemente relacionado, también resulta de indudable interés, para sus visitantes la parte en la que el autor del señalado artículo relaciona los modos en los que puede ser falseada la contabilidad:

1) Ocultación de ventas.
2) Simulación de compras o gastos.
3) Simulación de quebrantos o fallidos.
4) Contabilización de deudas inexistentes.
5) Revalorización de activos mediante compraventas sucesivas simuladas.
6) No contabilizar ventas patrimoniales generadoras de plusvalías o contabilizarlas por un precio menor.
7) Contabilización de operaciones en cuentas inapropiadas que tergiversan la realidad.
8) Manipulación del saldo de existencias para esconder el beneficio.

La relación anterior siendo no es nueva, ni para el mentiroso ni para el supervisor, y el BOE, Hacienda, los Auditores, la Policía, etc. día a día se afanan en ir cerrando puertas a dichas prácticas, así como la Justicia se encarga de dar buena cuenta de ello.

José Antonio Choclán Montalvo, Magistrado, doctor en Derecho y director del Servicio de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial, señala en un artículo “Delito económico y justicia penal que:


“La denominada criminalidad de empresa requiere, según el autor, un nuevo modelo de justicia penal, no sólo en cuanto a los medios materiales, sino fundamentalmente en lo que se refiere a las exigencias de formación especializada del juez.”“Por ejemplo, para poder enjuiciar con criterio un delito fiscal, el juez penal debe ser capaz de interpretar la legislación tributaria y los principios que la informan, pues la prueba de peritos es un recurso auxiliar para la fijación de los hechos, en ningún caso del derecho.”
“No se trata de hacer al juez perito, sino de dotarle de los conocimientos precisos para que pueda valorar en términos de razonabilidad los distintos informes técnicos que, en cualquier caso, se
refieren al hecho, no a la interpretación de la ley.”


Por tanto, y como finalmente señala el autor “deberían arbitrarse fórmulas que permitieran la especialización de los jueces penales en derecho penal económico como criterio para la cobertura de órganos a los que se atribuya en exclusiva el conocimiento de estos asuntos, en función de sus superiores conocimientos sobre la materia que deben resolver” y sobre el que no se me ocurre ningún comentario adicional a la claridad de sus palabras.


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NOTA: Al recomendar en artículo del LEX NOVA, me veo en la obligación de señalar, lo que en mi opinión puede haber sido un error de trascripción en la dato aportado por el autor. En relación al comentario sobre que “El 80% de los compradores de bienes inmuebles sólo declara a la Hacienda Pública el 20% de la cantidad realmente satisfecha” y aún desconociendo la fuente – y el tipo de estudio realizado – me parece excesivo e improbable.

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miércoles, 16 de enero de 2008

Perito y testigo son cosas distintas

A menudo, las películas norteamericanas nos muestran unos juicios en los que podemos ver como hay abogados que atosigan, por igual, a testigos, demandantes, demandados, acusados, y… peritos. El espectador no aprecia grandes diferencias en las declaraciones de los testigos y de los expertos que, aunque finalmente aportan mayores matices a sus manifestaciones, sus apreciaciones son interpretadas sólo como valoraciones.
En el sistema judicial español el perito tiene funciones muy distintas y no es interrogado de la misma forma que a los testigos.

Según el Juan Montero Aroca, Catedrático de Derecho Procesal, en su libro “La prueba en el proceso civil” (editorial Cívitas) la doctrina ha establecido una serie de diferencias entre peritos y testigos, por lo que no sólo tienen intervención en el juicio de forma separada sino que esa diferencia hace que sus manifestaciones sean valoradas por el juzgados en atención a su función:

1) El testigo no se elige sino que está ahí por su conocimiento directo de los hechos, y ese conocimiento es el que tiene trascendencia. Entiendo que el tribunal necesita “ver y oír por sus oídos y sus ojos”. No es tan importante la forma en la que se manifiesta, o la amplitud de conocimientos que tiene sobre el tema, sino la veracidad que aporta su presencia de los hechos. El testigo es no es fungible porque generalmente no se puede sustituir por otra persona. En cambio, el perito es fungible, porque más que una persona específica que conoce los hechos, se exigen unos conocimientos especializados con independencia de la persona que los posea (si el perito designado no acepta el cargo – mediando justa causa - puede/debe ser sustituido o las partes pueden elegir libremente, en algunos casos, entre una gran lista de expertos (ponderando experiencia y coste).

2) La capacidad del experto viene determinada por su cualificación técnica y por su pericia a la hora de conocer e interpretar las fuentes de la prueba. La del testigo, en cambio, viene determinada por su percepción (entiendo que un testigo sordo no puede opinar sobre lo que ha oído…), de recodar lo que percibió y de su capacidad para exponerlo (por ese motivo habitualmente los niños de muy corta edad no son idóneos como testigos, dejando aparte – supongo - otras consideraciones psicológicas)

3) El testigo debe ser necesariamente persona física, porque se supone que debe transmitir lo que sintió. El dictamen de peritos puede ser a título individual, como persona física, de forma colegial, un grupo de personas que emiten un dictamen, o por una persona jurídica (aunque siempre será una persona física la que emita el dictamen).

4) La persona que ha presenciado los hechos, dado su conocimiento de estos, está obligado a colaborar con la justicia si es requerido por las partes o por el tribunal, so pena de ser sancionado; en cambio, el perito muestra su disponibilidad a presta sus servicios como tal y una vez contratado por la parte o designado judicialmente puede aceptar o no el nombramiento (aunque una vez aceptado está obligado a hacer el trabajo).

5) El perito – obviamente – cobra por su trabajo; por el contrario, el testigo ni cobra ni puede cobrar retribución alguna, más allá de una compensación por los gastos ocasionados por su comparecencia.

6) El testigo, en caso de falso testimonio, responde penalmente por el delito, al igual que el perito, que además responde civilmente por los daños y perjuicios que ocasionara a los litigantes. Asimismo, el perito puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, de acuerdo a la normativa deontológica que regula su profesión; y el testigo no.

7) El testigo contestará oralmente a las preguntas que se le formulen y manifestará lo que el percibió durante el transcurso de los hechos y siempre sobre hechos pasados; el perito, que no tiene conocimiento de los hechos antes de intervenir en el proceso, debe realizar un trabajo previo de reconocimiento y elaboración de un informe, generalmente escrito, y siempre sobre hechos presentes (entendiéndose como presente la pruebas actuales de hechos pasados).

8) El perito interviene en el proceso porque ha manifestado su intención de colaborar con la justicia mediante la inscripción previa en las listas que al efecto elabora su Colegio profesional, siendo irrelevante la forma en la que ha obtenido su conocimiento; y el testigo, en cambio, interviene de forma fortuita puesto que no lo ha elegido, y su conocimiento no tiene porqué ser exacto ni completo.

9) La imparcialidad de ambas figuras se protege mediante la tacha y la recusación. El perito puede ser tachado (advertencia al juzgador de sospecha de parcialidad del testigo y que tomará en consideración a la hora de valorar su declaración conforme a las reglas de la sana crítica) y recusado… (Art. 124 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

"3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos:
1ª. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso.
2ª. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.
3ª. Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso. "
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miércoles, 9 de enero de 2008

Cuando la prueba es la no-prueba

No es exactamente así pero como título del “post” queda bien.

En octubre del año pasado comentaba en ¿De quién es la culpa? – citando a San Ignacio de Loyola – que “la causa de la causa era causa del mal causado”. En esta ocasión, y de forma igualmente críptica, a veces la prueba de la prueba hace prueba, o mejor dicho, en ocasiones el hecho de no aportar una prueba puede ser un indicio que aporta una certeza al juzgador.

Como argumentación de lo que estoy comentando voy a citar la “Sentencia de Audiencia Provincial - Valencia, Sección 7ª nº 241-06, de 21 de Abril de 2006” en la que – más o menos – los hechos fueron los siguientes:

Doña Rocío explota un estanco a nombre de su padre (Don Iñigo) y sufre un robo en el que, según defiende, le sustraen 16.700 euros en efectivo depositados en una caja fuerte más 60.000 depositados en un sobre. Asimismo, también se apropian de unas 50 cajas de cartones de tabaco. La compañía de seguros (Liberty Seguros) no considera demostrada la preexistencia del dinero ni de la mercadería supuestamente robada y niega la indemnización.

Primera instancia

El juez de primera instancia entiende probado el robo y condena a la compañía al pago de 144 euros por los daños causados en el establecimiento y a 270 euros por los 9.000 euros en efectivo que se considera probado que existía en el establecimiento (3% del capital con un límite de 3.000 euros.

El recurso
Doña Rocío no está de acuerdo con la sentencia y presenta recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia solicitando nuevamente su pretensión aunque “examinada toda la prueba practicada en autos llegamos [la Audiencia] a la misma conclusión que la sentencia de instancia” en base a lo siguiente:


Respecto al dinero en metálico depositado por la empleada del estanco Doña Lucía, hemos de indicar que la valoración de sus manifestaciones que recoge la sentencia de instancia nos parece plenamente acertada puesto que ella no afirma que depositó en el interior de la caja tres cantidades distintas, (700 Euros procedentes de las ventas del día, 7000 Euros del pago de un cliente llamado Humberto más pequeñas bolsas de monedas de diversas cantidades, y la suma 9.000 Euros), sino que sostiene que depositó unos 9.000 Euros en total, correspondiendo el detalle citado al desglose de dicha suma, es decir, los 9000 Euros, eran el resultado de sumar las 3 partidas citadas.

(La primera en la frente)

“Respecto de la segunda partida, la relativa al dinero en efectivo depositado en el interior de un sobre, cuyo contenido sólo el Sr. Íñigo conocía, también compartimos el criterio de la sentencia de instancia, puesto que un pago correspondiente a 60.000 Euros, es de entidad suficiente para que su realidad se desprenda del examen de los libros de contabilidad del estanco, ya como compras no satisfechas, ya como ventas aún no cobradas [entiendo que se refiere la sentencia a “ventas” cuyo cobro no se ha registrado pero del que se dispone del dinero entregado por el cliente] pero, como destaca la sentencia de instancia, no han sido aportados a las actuaciones los documentos contables que nos permiten determinar tales extremos. Tampoco se ha demostrado su procedencia, puesto que el dinero que se recauda en el estanco es ingresado diariamente en el Banco, como así se deduce de los documentos bancarios y de las manifestaciones vertidas por la empleada Doña. Lucía, quien afirmó que esa tarde sólo se había producido un pago de 7.000 Euros de un cliente. Además, no debemos olvidar que existen servicios de seguridad de recogida de dinero a cualquier hora, e incluso, la posibilidad de depositar el dinero en la entidad bancaria correspondiente al cierre del comercio, y que los medios informáticos existentes en los comercios permiten conocer en todo momento, la contabilidad y el dinero existente en la caja.”
Tampoco se ha elaborado una pericial que nos permita determinar el saldo medio que existía en la cuenta bancaria del estanco y en la caja fuerte para poder deducir que la presencia de dicha suma de dinero estaba justificada.”

(El tribunal estima respecto al “sobre”, cuyo contenido sólo conocía el Sr. Iñigo, que se podría haber acreditado un poco mejor mediante una pericial contable aunque, asimismo, entiende que existen “alternativas” a dejar un sobre por la noche en un establecimiento comercial).
“La parte demandante esgrime que la mercancía sustraída asciende a unas 50 cajas de cartones de tabaco, que según don Íñigo, para su transporte sería necesario el uso de unas 4 ó 5 furgonetas pequeñas, es decir, estamos hablando de un gran volumen de mercancía que ocuparía un espacio considerable en el almacén y exigiría la intervención de varias personas y vehículos para su sustracción.”

(“Muchas cajas” entiende el tribunal)
Ciertamente que se han aportado a las actuaciones diversas facturas de compra de tabaco que se efectuaron los días anteriores al robo pero, pese a las manifestaciones del encargado del estanco y del padre de la propietaria sobre la necesidad de depositarlas en el estanco previamente a su reparto a otros establecimientos a los que abastecían de forma regular, (...) no se ha demostrado que así se hiciera, puesto que de haberlo hecho, su entrada estaría debidamente contabilizada en los libros y registros y en los medios técnicos e informáticos a tal fin destinados, no constaría su venta o salida del establecimiento y la empleada hubiera visto el almacén lleno de cajas.

(Tanta caja de tabaco no puede pasar desapercibida, pese a ello...)
"...si bien podemos estimar acreditadas las compras de la mercancía que invoca la parte demandante, no así que la misma se hallara depositada en el interior del establecimiento cuando se produjo la sustracción y que fuera objeto de robo, pues la prueba contable de entrada en el establecimiento... estaba al alcance de la demandante y no la ha aportado a los autos. "
(no aportan prueba contable/mercantil de la existencia... pudiendo haberlo hecho ¿está claro?)
“...no ha aportado a las actuaciones los libros de contabilidad que nos permitan evaluar, las compras y ventas que se efectúan periódicamente, y determinar cuales están destinadas al suministro a otros comerciantes y cuales a la venta en el mismo estanco, para poder estimar probada la cantidad de mercancía que puede quedar almacenada en el establecimiento...”
“...no podemos ignorar que en la actualidad, además de los libros de comercio, las cajas registradoras de los establecimientos y sus sistemas informáticos permiten calcular, en cualquier momento, las existencias respecto de cada una de las mercancías que se venden así como el número vendido a lo largo de ese día, de modo, que permite determinar, con gran precisión, la mercancía recibida y la vendida, y por tanto, las existencias presentes en el momento de la sustracción que, contabilizadas con las que quedaron después, nos permitiría conocer las que se sustrajeron..., estamos hablando de un estanco que, según afirma la parte, registró unas ventas durante el mes de enero de 411.708,21 euros”
(es decir, no hablamos de un pequeño comercio)

La sentencia

Por todo ello: “...DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación de Doña Rocío ..., condenando a la parte apelante al pago de las costas causadas en esta alzada.”

Mis conclusiones


Parece que el tribunal ha ponderado, entre otras pruebas, de forma muy negativa que la empresaria no aportara una “prueba contable” para acreditar la existencia de mercaderías y la procedencia de todo el dinero en efectivo – presuntamente – sustraído.

Aunque en esta afirmación, como economista forense, soy “parte” podemos coincidir en que una demanda, o una contestación, queda mucho más vestida si – como estima el Tribunal – puede aportarse una pericial contable so pena de que la ausencia de dicha prueba pueda ponderarse de forma negativa por éste.



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jueves, 3 de enero de 2008

Oratoria pericial

Carlos (mi amigo) – ese que, a veces, me pincha con sus comentarios - me envió hace tiempo un artículo cuando le comenté que tenía la intención de escribir un weblog relacionado con la economía forense y todo lo relacionado con ella (peritos, pruebas, informes, etc.).

El artículo en cuestión apareció en la revista “Economis & Jurist” (a la que no estoy descubriendo para ningún profesional del derecho) relacionado con la “imagen” que debe mostrar un perito en juicio:

Estrategias de oratoria aplicables a la prueba pericial” del Profesor de Oratoria y negociación del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

(el articulo no está en “abierto” pero estoy seguro de que si se lo pides a la editorial es posible que te lo envíen gustosamente)
De entrada, extraigo el primer comentario brillante...

“...de poco le sirve al Abogado – señala el artículo de Julio García- hacer una exposición brillante si el perito que ha aportado para lograr el convencimiento del Juez carece de todo prestigio, su titulación no es la idónea para defender los hechos planteados en su estrategia procesal o, aún teniendo prestigio o titulación, no tiene la capacidad de convicción y su informe carece de una credibilidad mayor que la del resto de los informes periciales aportados por las partes contrarias”

¿Demoledor verdad?
El autor considera que “dejar en manos de un profesional que no está acostumbrado a la tensión de la Sala la defensa de su informe puede considerarse una imprudencia” y se pregunta:

- ¿por qué el Juez tiene que creer a nuestro perito y no a los de la parte contraria?
- ¿Por qué ante dos peritos con igual titulación y prestigio similar que defienden hechos y causas totalmente contradictorias, el juez va a creer al que nosotros propongamos?

Por todo ello es importante que un perito cause – eso que tanto gusta a los asesores de imagen – una mejor “primera impresión” que el resto, para influir subliminalmente en el criterio del tribunal. No se trata de “aparentar” sino de mostrarse como lo que uno es... es decir “soy un experto y vengo a demostrarlo” y esa primera impresión – dice García Ramírez – será buena o mala... pero nunca neutra por lo una buena exposición – léase defensa – del informe será crucial y una vestimenta adecuada, los movimientos seguros y una actitud relajada harán el resto.

Manejar un lenguaje claro y conciso – y sin ánimo de ofender – que sea del tipo “explicaciones que un niño o una madre puedan entender”. El artículo recomienda a los letrados que deban utilizar peritos en sus argumentaciones que los sometan a un “ejercicio previo de comprensión”:

“...deberemos llamar a cualquier compañero del despacho que sepa lo menos posible del tema objeto de la pericia. A continuación, le diremos al perito que exponga sus conclusiones de la forma más clara posible.”

“Si lo entiende, habremos conseguido sustancialmente nuestro objetivo, pero si no entiende todo o parte de sus conclusiones, deberá el perito buscar otra forma más clara de exponerlas, utilizando un lenguaje menos técnico, más comprensible y, sobre todo, a través de ejemplos para, de dicho modo, facilitar la comprensión de los aspectos más técnicos
y determinantes de su informe.”

No todos los letrados con los que un perito trabaja tienen un compañero de despacho con el que hacer el “pre-estreno” por lo que el perito aún en ese caso debería consensuar con dicho letrado la búsqueda de un tercero con el que poner en práctica el consejo anterior. No cabe duda de que para muchos asuntos – aparentemente simples – no va a ser necesaria la puesta en escena ante un letrado no contaminado aunque si el tema es especialmente importante, y siempre bajo la dirección del letrado del asunto, puede ser interesante si la cuantía o la complejidad lo requieren.

También es imprescindible llevar el asunto lo suficientemente preparado como para transmitir una mayor credibilidad sobre todo lo expuesto en el informe, es decir:

- “mi opinión se basa en los estudios de uno de los mejores técnicos de la materia que es...”
- “mi trabajo es un resumen de los mejores manuales que versan sobre el asunto, entre los que destacan...”


El perito no debe dejar dudas sobre su argumentación: “No lo digo yo, se trata de un “interés de mercado” porque es el Euribor...” (yo creo que el Euribor es “mi” indicador de un tipo de interés de mercado y que en este caso es de aplicación a mi informe). Luego ya realizarán las matizaciones y apreciaciones los letrados, así como que el tribunal estimará la pericia en su conjunto, pero no cabe duda de que el Euribor “es” un tipo de interés de mercado.

Mis informes están llenos de referencias a las fuentes y a anotaciones a pié de página, como si de un trabajo de investigación se tratara ¿acaso no lo es?. Las cosas no son así porque las dice un perito, que – por lo general – será totalmente desconocido para el Juez, sino porque lo dice fulano o mengano que son de esta o aquella institución u organismo, han escrito todos estos libros o se ha utilizado en tal sentencia aunque, en relación con esto último, no conviene abusar porque ni eres abogado, ni fiscal, ni juez.

Por último, pero no menos importante, es el manejarse bien en el cuerpo a cuerpo ante eventuales ataques de los otros peritos o los abogados contrarios (los peritos no debemos olvidar que – siempre – jugamos en campo contrario cuando estamos frente a un abogado, por lo que no conviene bajar nunca la guardia). Un perito – bueno “nadie” – debe mentir en un juicio y si partimos de esa base el experto no debe temer los ataques a su informe que forma, no lo olvidemos, del juego de la confrontación, o contradicción si se prefiere.

A muchos les gusta pensar, con carácter previo a cualquier actuación pericial, que en ese momento son los que más saben sobre ese asunto en la Sala y que sólo se sabrá que es un asunto dudoso... si son ellos mismos los que dudan.

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